Desde escuelas hasta bancos no cuentan con la infraestructura necesaria para permitir el acceso a personas con discapacidad, convirtiéndolas en personas dependientes desde el momento en que salen de su casa.
Las malas condiciones en que se encuentran las calles, rampas, veredas, etc. les está privando, a los individuos con incapacidades, el derecho de integración al medio físico; y la responsablilidad de hacer que las normas se cumplan, corresponde al Estado.

Respecto de los bancos, el 71% de las sucursales no son accesibles y en relación a los cajeros, si bien el porcentaje es menor, un 63% son inaccesibles.
El problema no son sólo las instituciones, tanto públicas como privadas, sino también las calles, las rampas que (sino están destrozadas) son usurpadas por automovilistas irresponsables que no cuentan con la suficiente sensatez como para tener consideración y respeto por los demás, ni paciencia para buscar un buen lugar donde estacionar.